Responde CFE a COPARMEX sobre “Privilegios” a Sindicalizados

MÉXICO.-En un comunicado dirigido a la Opinión Pública, la empresa estatal mexicana Comisión Federal de Electricidad (CFE) respondió a la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) sobre acusaciones de que otorga privilegios a trabajadores sindicalizados, “que ponen en riesgo la vialidad financiera de la empresa y del país”.

Esto, debido a que — a decir de los voceros de la COPARMEX, encabezada por Gustavo de Hoyos Walther — la revisión integral del Contrato Colectivo de Trabajo de la CFE, para el bienio 2020-2022, que concluyó el pasado 19 de agosto de 2020, incluye una cláusula que reduce la edad y los años de servicio para la jubilación a los trabajadores sindicalizados, el cual “establece un régimen de privilegio para estos trabajadores respecto a otros, públicos y privados”, además de que obligaría al gobierno federal a adquirir deuda pública.

De acuerdo con el comunicado de la estatal eléctrica mexicana, la CFE no requiere endeudarse para llevar a cabo la reforma de su sistema de pensiones: “(...) Los recursos de la empresa son suficientes para hacer frente al compromiso adquirido y no pone en riesgo la estabilidad financiera ni de la CFE ni del Gobierno Federal, como irresponsablemente señalan [los empresarios].”

La CFE aseguró que en el nuevo contrato colectivo de trabajo con el Sindicato Único de Electricistas de la República Mexicana (SUTERM) no hay privilegios, sino derechos laborales, contemplados en la Constitución, de los que los sindicalizados habían sido despojados en el proceso de la reforma energética que se llevó a cabo durante la administración anterior, y aclaró que “no hay distinción alguna que divida a trabajadores de primera y segunda categoría” en México, como remarca la COPARMEX, y que restituir derechos laborales a los electricistas “es un mandato presidencial cumplido a cabalidad”.

La eléctrica estatal mexicana, que dirige actualmente el veterano político Manuel Bartlett, indicó en su comunicado a la Opinión Pública, que en el nuevo contrato con el SUTERM “se establecieron las bases para una nueva relación de trabajo que fortalezca a la CFE, privilegiando el diálogo y reconociendo que nuestros trabajadores son el motor que hace grande a la Empresa (sic)” y descartó que como lo afirmó la COPARMEX, el contrato persiga fines electorales. “Únicamente se persigue justicia y derechos laborales”, estableció la empresa de electricidad.

En su respuesta a los cuestionamientos de la COPARMEX, la Comisión Federal de Electricidad, señala que “pese a enfrentar enormes retos — en vías de solución — derivados de una reforma energética contraria a los intereses nacionales, y cuyo objeto era desaparecer a la CFE, cuenta con la solvencia para cumplir con el compromiso adquirido en materia de pensiones y jubilaciones; la hacienda pública no se ve vulnerada gracias a que, los mecanismos implementados en esta administración, le permiten contar con la liquidez suficiente para ello y para rescatarla del desmantelamiento deliberado de la que fue objeto.”

Citando textualmente el comunicado de la Comisión Federal de Electricidad: “Insiste COPARMEX en destacar que existe ‘la clara determinación de volver a los tiempos de los monopolios energéticos’, ignorantes de que la CFE no está en contra de las inversiones privadas y mucho menos de la generación de energías limpias y renovables; solo exige pagos justos y equitativos para que los generadores privados compitan en igualdad de circunstancias en un Mercado Eléctrico Mayorista eliminando el subsidio que les otorga la CFE para su beneficio y en detrimento de las finanzas de la Comisión Federal de Electricidad.”

Asimismo, la CFE desestima las proyecciones del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria de la COPARMEX que calcula afectaciones al erario público del contrato laboral de la empresa eléctrica por un monto equivalente al uno por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), y contesta a los empresarios: “¿Podría? podría ser, pero también podría no ser; basar tesis o teorías en supuestos es un despropósito que desinforma al pueblo de México.”

La estatal eléctrica no sólo rechaza que los acuerdos firmados con su sindicato comprometan las finanzas de la empresa, y que esto vaya a provocar en el futuro el encarecimiento del suministro eléctrico, sino que califica a la confederación patronal de mentirosa, ignorante, perversa, aparte de que la reta a que presente sus argumentos sobre el tema ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Congreso de la Unión, para que emitan su postura, o de otro modo “con las tesis repetitivas y argumentos infundados que se publican con gran frecuencia en los medios de comunicación a partir de sus mentiras, simplemente pondrán en evidencia quién está en campaña persiguiendo fines electorales.”

“Ante tales mentiras, que las redacciones de los medios de comunicación repiten insistente y mecánicamente, sin análisis periodístico alguno, queda en evidencia que detrás de todo esto, no hay más que una burda campaña mediática en contra de la CFE”,  puntualiza la empresa eléctrica.

Más aún, la CFE advierte que de conformidad con la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, se emitirá un Reglamento de Trabajo para el Personal de Confianza, en el cual se respetarán las condiciones de trabajo y beneficios que hayan recibido a la fecha; y que si bien el Consejo de Administración y la Dirección General son las instancias competentes para dirigir, administrar y definir el rumbo de la Empresa, el SUTERM en representación de los trabajadores, participará en los órganos colegiados formulando propuestas, recomendaciones, sugerencias que promuevan una mayor competitividad en el Sector Eléctrico, así como la productividad de la CFE “en el marco de la austeridad establecida por el Ejecutivo Federal.”

La COPARMEX manifestó hace unos días la inquietud de sus agremiados ante la firma del nuevo contrato colectivo de trabajo de la Comisión Federal de Electricidad en el contexto de un debate social sobre una eventual reforma al actual sistema nacional de pensiones, anunciado en el mes de Julio 2020 por el presidente Andrés Manuel López Obrador, por la cual se aumentarían los montos de las aportaciones patronales para que los trabajadores puedan tener montos más altos de jubilación, entre otros beneficios para los empleados.

En su respectivo comunicado, la organización empresarial expresa que la CFE aceptó “modificar el contrato [colectivo de trabajo con el SUTERM] para establecer una pensión desproporcionada (...) que dividiría a los trabajadores mexicanos en trabajadores de primera y de segunda categoría” porque los electricistas podrán jubilarse a los 55 años de edad, mientras que “miles de mexicanos de a pie se jubilan al llegar a sus 65 años."

“Se trata de una medida que nos regresa a los tiempos de las pensiones de privilegio. Los pensionados de la CFE actualmente cuentan con mejores condiciones que la gran mayoría de los pensionados de nuestro país. Un pensionado promedio de CFE recibe una pensión 8 veces mayor que un trabajador promedio del IMSS. El Gobierno gasta 4.8 veces más en un pensionado de la CFE que en uno del ISSSTE. Un pensionado promedio de la CFE recibe 803 mil pesos al año [unos U$36.5K], mientras que los beneficiarios del Programa de Pensión a Adultos Mayores reciben una pensión anual de 15 mil pesos [alrededor de U$677 anuales]”, plantea la COPARMEX, aunque es necesario enfatizar aquí que el programa gubernamental de pensiones para ancianos, utilizado para la comparación, no es de naturaleza laboral, sino de tipo asistencial.

Empero, resulta significativo que los empresarios mexicanos rechacen una negociación de contrato colectivo de trabajo dentro del marco del nuevo Acuerdo Comercial Norteamericano (USMCA o TMEC), que prioriza la defensa de los derechos laborales y el derecho a la negociación salarial colectiva, como requisitos básico para que las empresas mexicanas accedan al mercado estadounidense en condiciones de equidad frente a sus pares locales.

Según el capítulo 23 del USMCA o TMEC, los gobiernos de Estados Unidos y de Canadá podrían establecer sanciones arancelarias e incluso de libre tránsito de mercancías provenientes de una empresa en lo particular o de un sector industrial en lo general, si se detectara incumplimiento de obligaciones laborales.

Y aunque el contrato colectivo de trabajo de la CFE no está vinculado directamente al citado capítulo 23 del USMCA/TMEC, sienta precedente para negociaciones laborales futuras en otros sectores de la economía mexicana.

La propia COPARMEX ha reiterado a sus agremiados que es necesario que se autoevalúen para cumplir estrictamente con sus obligaciones relativas a la libertad sindical y contratación colectiva “que son los que en términos más generales pueden dar origen a una queja y generar con ello consecuencias directas a las empresas ya sea como exportadora o como parte de la cadena de suministro de una empresa exportadora, bajo el mecanismo laboral de respuesta rápida (MLRR).”

Los anexos 31-A (MÉXICO – E.E.U.U.) y 31-B (MÉXICO-CANADA) del Capítulo 31 del USMCA/TMEC establecen los denominados MECANISMOS LABORALES DE RESPUESTA RÁPIDA (MLRR) en instalaciones específicas (empresas), a través de los cuales se da trámite a las quejas presentadas mediante los procedimientos internos de cada uno de los países y cuya resolución podrá determinar sanciones a empresas en lo individual, consistentes en la afectación de los beneficios arancelarios, multas, e incluso eliminando la posibilidad de la exportación por incumplimiento de derechos de libertad sindical y negociación colectiva, entre otras prerrogativas laborales de sus trabajadores.

Los empresarios mexicanos tienen como tarea pendiente en el contexto del USMCA/TMEC nivelar los salarios de sus trabajadores con los de quienes desempeñan labores similares en Estados Unidos y Canadá, además de cumplir con las prestaciones de ley, incluidas sus aportaciones para el sistema de pensiones, que previsiblemente aumentarán si se lleva a cabo la reforma al sistema de las Administradoras de Fondos de Ahorro para el Retiro (Afores).

¿Es el contrato de la CFE un mal ejemplo en materia jurídica-laboral para otros sindicatos mexicanos o simplemente es la punta del iceberg de una serie de inconvenientes legales para la clase empresarial mexicana?