ICC Rechaza Reforma Eléctrica en México

La ICC, que encabeza Claus von Wobeser,  también se inconformó con la eventual desaparición de los Certificados de Energía Limpia (CELs), la suspensión de las pruebas preoperativas de las centrales eólicas y fotovoltaicas, y el aumento del uso de las centrales de la CFE y la disminución del de las plantas privadas. También está en desacuerdo con el incremento de las tarifas para los sectores energéticos industrial y comercial.

La Cámara manifestó, sin embargo, su beneplácito por el otorgamiento de suspensiones y amparos del Poder Judicial contra la aplicación de la reforma eléctrica que, dice, “altera el sistema de despacho de energía; [pues] ya no se despachará primero la energía más barata, sino la proveniente de la CFE” y desaparece las subastas obligatorias para la compra de energía adicional a los particulares (mayormente, eólica y solar).

La ICC enfatizó entre los argumentos que dieron entrada a suspensiones y amparos, que la reforma “se aleja de la finalidad de garantizar la competencia y libre concurrencia en el sector energético para beneficiar a la población, siendo aparentemente contraria a los artículos 25 y 28 constitucionales; que puede afectar los derechos fundamentales a la libre concurrencia y competencia, en detrimento de los usuarios finales, ya que se permiten barreras para ingresar al mercado eléctrico mayorista, se otorgan ventajas para ciertos participantes, genera incertidumbre para los particulares que ya cuentan con algún permiso para alguna actividad regulada, modifica de manera repentina las reglas de operación y desincentiva la inversión en el sector eléctrico al suprimir los derechos adquiridos bajo la legislación anterior; y en tercer lugar, la reforma podría producir daños irreparables al medio ambiente e impedir que México cumpla sus múltiples compromisos internacionales en el combate al cambio climático, ya que desincentiva la producción de energías limpias y fomenta la operación de centrales convencionales.”

La representación mexicana de la ICC, cuyo vicepresidente en temas energéticos es Rodolfo Rueda, expresó también su rechazo a que los CELs serán otorgados a cualquier productor, sin importar la antigüedad de la planta, cancelándose el principal incentivo para nuevos proyectos de energías limpias, además de que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) podrá revisar e invalidar los permisos de autoabastecimiento que hayan sido obtenidos mediante un supuesto “fraude a la ley” (sic).

Asimismo, se inconformó con que, de acuerdo con las reformas a la ley, “los contratos de compraventa de energía eléctrica con productores independientes (regulados al amparo de la ley anterior) serán revisados para “garantizar” su rentabilidad para el gobierno federal (de encontrarse que no se garantiza dicha rentabilidad, los mismos serán renegociados o terminados anticipadamente).”

La ICC México — según el comunicado difundido entre medios de comunicación — considera que existen elementos para sostener que la reforma a la LIE es inconstitucional y anticonvencional: “Es inconstitucional porque es contraria a los artículos 1°, 4°, 14, 16, 17, 25, 27, 28 y 33 de nuestra Constitución Federal. Es decir, porque viola la obligación estatal genérica de defensa de los derechos humanos; el derecho a la salud y a un medio ambiente sano; el principio de irretroactividad de la ley; el principio de seguridad jurídica; el principio de sustentabilidad y competencia; la prohibición de monopolios; y el respeto a los tratados internacionales.”

“Además, resulta anticonvencional porque es contraria a los principios de protección a la inversión extranjera, competencia, medio ambiente y buenas prácticas regulatorias contenidos en los capítulos 14, 21, 24 y 28 del T-MEC; al principio antimonopolios del artículo 17 del Tratado de Asociación Transpacífico; al artículo 15 de la Convención de Río sobre el Medio Ambiente y Desarrollo; al Objetivo 7 de los Objetivos de Desarrollo Sustentable de la ONU; a los compromisos de México en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático; y porque pone en riesgo el cumplimiento de las metas trazadas en el Acuerdo de París.”

La ICC anticipa una oleada de acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales y amparos por parte de los generadores privados de electricidad, así como controversias dentro del marco de acuerdos internacionales firmados por México y que establecen un marco de protección y seguridad para los inversionistas extranjeros y sus inversiones en territorio mexicano.

La Cámara Internacional de Comercio recuerda que México es parte de una red de 35 Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APPRIs) y 15 capítulos de protección de inversiones distribuidos en diversos Tratados de Libre Comercio, como el TMEC (USMCA, anteriormente TLCAN o NAFTA).

La ICC México reconoce que la invitación al diálogo que lanzó en días pasados la Secretaria de Economía del gobierno federal a los inversionistas extranjeros es fundamental para encontrar un punto de acuerdo, aunque su apuesta final está en la resolución del Poder Judicial sobre la reforma.