👁🗨 Silvia Meave
Periodista y escritora. Directora General y Editorial de TribuAmericas Media Contents & Entertainment Co., y colaboradora en varias publicaciones.
MÉXICO.- La restricción en el uso de dinero en efectivo como estrategia de combate al lavado de dinero en México, propuesta hace unos días por el presidente Felipe Calderón, es una medida de claroscuros que sin duda tomarán con las debidas reservas los legisladores que deberán aprobarla o no. Aún no se han detallado los resultados concretos -en plazos y cifras- que se esperan obtener con las reformas legales requeridas, ni se dio a conocer el impacto que tendría sobre la economía general del país, cuya población productiva aún depende en gran medida de los flujos de efectivo, por tener un limitado acceso al sistema financiero.
Los analistas financieros, por lo pronto, se muestran cautos para dar su visto bueno a la propuesta presidencial, ya que recientemente se reconoció de manera oficial que en América Latina, el principal espacio de blanqueo de recursos monetarios es la banca institucional, pues las transacciones ilícitas no necesariamente se realizan con billetes en circulación, sino que la corrupción de empleados bancarios de todos los niveles facilita la apertura de cuentas con datos y documentos falsos, que a su vez no son verificados por autoridades hacendarias y/o financieras, lo se convierte en un factor clave para la consumación de los llamados delitos de cuello blanco.
Esto, como la acción más socorrida de los delincuentes financieros, aunque los especialistas en el tema han detectado diferentes trucos operativos que implican la participación directa de funcionarios y empleados bancarios en el lavado de dinero.
Justo un año atrás, en Agosto 2009, se dio un caso que escandalizó al medio financiero mexicano cuando se conoció que un ejecutivo de cuenta de Banamex en Jalisco creó más de 10 cuentas de cheques con datos y documentos falsos, aprovechando su puesto, y luego efectuaba cambios de divisas, transferencias electrónicas, inversiones a plazo y otras operaciones.
De acuerdo con información de la Procuraduría Federal de la República (PGR), un solo funcionario de bajo perfil, con aparente acceso limitado a las operaciones bancarias dentro de una pequeña sucursal, montó una red de lavado de dinero y colaboraba con miembros del crimen organizado efectuando depósitos “varias veces a la semana (de) entre 5 mil y 25 mil dólares estadunidenses y canadienses” en las cuentas falsas.
“Una vez depositados los recursos económicos inmediatamente eran convertidos a moneda nacional y retirados para ser entregados a terceras personas, logrando así facilitar la conversión de montos elevados de dólares, dándoles la apariencia de licitud y de una operación normal dentro del sistema financiero”, según un boletín oficial.
Posteriormente se supo que el empleado bancario habría sido recompensado con propiedades y negocios lícitos que administraba en Cancún.
EL CASO WACHOVIA
Apenas en su edición de Agosto 2010, la revista Bloomberg Markets dio a conocer un informe que revela las grandes omisiones de las instituciones financieras en Norteamérica para evitar el recurrente lavado de dinero entre México y Estados Unidos.
Aunque el proyecto que presentó el presidente Felipe Calderón para combatir el lavado de dinero, impediría la compra de inmuebles, autos, aviones y joyas con efectivo, las cortes de Estados Unidos tienen pruebas de que los mayores montos se lavan en los bancos transnacionales.
El banco estadounidense Wachovia transfirió de 2004 a 2007 unos 378.3 mil millones de dólares del narcotráfico a México. En 2008 Wells Fargo compró Wachovia en medio de la crisis financiera global; pero sus directivos presumiblemente no detectaron las mencionadas operaciones ilícitas que -según cifras de Bloomberg- equivalen a un tercio del Producto Interno Bruto (PIB) de México.
Estimaciones de los gobiernos de Estados Unidos y México indican que al año se mueven por la frontera binacional 30 mil millones de dólares en efectivo relacionados con lavado de dinero, lo cual representaría una cifra mucho menor a la que circula en los bancos por el mismo concepto, si se compara únicamente con lo que lavó Wachovia en tres años.
Ahora, de acuerdo con un análisis del diario The Washington Post, basado en información oficial, actualmente sólo se detecta el 1 por ciento del lavado de dinero en flujos de efectivo que se hace en Norteamérica, pero debido a que no deja rastros ni para los capos criminales, no es la primera opción para el manejo y control de utilidades del negocio.
¿DELINCUENTES DE CUELLO BLANCO, ACCIONISTAS BANCARIOS?
Expertos del sector financiero y académico aseguran que en las esferas más altas de los bancos de uno y otro lado de la frontera no hay interés auténtico de combatir las operaciones ilícitas porque las sanciones legales representan un costo conveniente ante a las utilidades que reportan a las instituciones por esas transacciones. Por ejemplo, Wells Fargo pagó una multa de 160 millones de dólares por el mega-lavado de dinero de Wachovia.
Noel Maurer, profesor de la escuela de Negocios de Harvard y conocedor de la realidad económica mexicana comentó a The Street, otra publicación financiera, que las sanciones contra los bancos no impactan en sus ingresos, pues las instituciones trasladan esos costos a sus clientes, a través de alzas en tasas de interés a créditos y comisiones diversas.
Maurer considera que los bancos en México, sobre todo en la frontera, viven la situación de Panamá en los años 80s, cuando ni siquiera los clientes de las instituciones podían escaparse de estar lavando dinero del narcotráfico de manera involuntaria porque prácticamente todos los fondos financieros de la economía eran sucios.
Otros analistas consultados por tribuAméricas® coinciden con el punto de vista de Maurer al afirmar que los mismos criminales de cuello blanco pueden estar participando de las utilidades de los bancos o incluso ser accionistas, por medio del mercado de valores, sin que las instituciones lo hayan detectado.
Una analista de riesgos de Wall Street, por su lado, asegura que durante conversaciones con inversionistas, una abrumadora mayoría está convencida de que los rendimientos de sus fondos mutuales se sostienen con el lavado de dinero y prefieren que esto continúe porque de otro modo, ello implicaría un alza en los impuestos o problemas para financiar el déficit público de los Estados Unidos.
Varios especialistas en el tema señalan que las restricciones que impondría la legislación mexicana a las operaciones en efectivo tiene un perfil más cercano a la fiscalización de quienes haciendo transacciones legítimas recurren al efectivo para evadir impuestos, que a una estrategia efectiva de combate al lavado de dinero.
“El presidente Calderón quiere poner freno a las compras de vehículos en efectivo, pero todos sabemos que cuando el crimen organizado quiere un transporte, no pierde el tiempo comprando; se apropia de lo que necesita, asaltando una agencia de autos, nuevos o usados. Así que es previsible que a pesar de las restricciones, los delincuentes encuentren mecanismos de evasión de la justicia”, comenta un analista financiero.
Apenas en Junio, el gobierno mexicano disminuyó los montos diarios de manejo de dólares en efectivo, que no pueden rebasar los 300 si no se es cuentahabiente de algún banco. Pequeños empresarios expresaron su inconformidad porque, sobre todo en zonas turísticas, ellos realizan ventas en moneda extranjera, casi siempre superiores al monto citado y deben hacer cambio de divisas cotidianamente para tener liquidez incluso para gastos de comida.
En todo caso, afirman expertos, la legislación cumpliría la función de subir a emprendedores que laboran en la economía informal o pequeños inversionistas del sector inmobiliario, al tren del sistema financiero que actualmente carece de liquidez en gran medida por la crisis en el pago de deudas del sector hipotecario y de consumo.
Las dudas sobre la efectividad del control de efectivo, sin embargo, persiste cuando fuentes del gobierno estadounidense citadas por Bloomberg mencionan a American Express, Bank of America, HSBC, Santander y Citigroup/Banamex como las instituciones financieras más usadas por el crimen organizado a ambos lados de la frontera México-Estados Unidos para lavar dinero, por encima de operaciones en efectivo.
No obstante, ninguna nación en el mundo ha llevado a los bancos a juicio por blanqueo de dinero pues como consorcios, en apariencia se ciñen estrictamente a las leyes y cualquier “agujero” en sus medidas anti-lavado no se considera responsabilidad de las instituciones bancarias, sino mera incapacidad de sus sistemas para detectar la creciente sofisticación del blanqueo de recursos o, como en el caso de Banamex el año pasado, se asumen como casos aislados de corrupción de un empleado menor. <<>>
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- Foto 1: Cortesía de TribuFiles
- Foto 2: Cortesía de Steve Buissinne from Pixabay
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